MEDIDA DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO CONTRA ADOLESCENTE QUE HABRÍA SECUESTRADO A BEBÉ DE 6 MESES
Los hechos por los que la presunta infractora fue judicializada ocurrieron el 26 de noviembre último en el barrio La Ciudadela de Tumaco,
Un fiscal de la Seccional Nariño logró que el juez primero penal, con funciones de control de garantías de Tumaco (Nariño), impusiera medida de internamiento preventivo en un Centro de Atención Especializado (CAE) contra una adolescente de 17 años, como posible responsable del delito de secuestro agravado.
Los hechos por los que la presunta infractora fue judicializada ocurrieron el 26 de noviembre último en el barrio La Ciudadela de Tumaco, donde al parecer, fingiendo ser funcionaria pública vinculada a programas de ayuda a las familias, la menor de edad habría secuestrado a una bebé de 6 meses, tras ganarse la confianza de la madre, ofreciéndole alimentación para la niña.
De acuerdo con la investigación, la adolescente supuestamente ya había intentado llevarse a una de las hijas de la mujer víctima, luego de presentarse en su casa ofreciendo atención y ayuda para las niñas. Sin embargo, en esa ocasión no logró su cometido, porque la madre no contaba con la documentación exigida por la falsa promotora.
A través de las líneas de atención habilitadas por la Fiscalía para recibir información sobre el paradero de la bebé, se logró su ubicación en el sector de la Bocatoma, en el puerto nariñense, pues habitantes de la zona habrían indicado haber visto a la procesada con la niña.
Ese mismo día, uniformados de la Policía Nacional llegaron hasta el sitio indicado y aprehendieron a la menor, luego de que la comunidad la entregara.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
