Por:
Graciela Sánchez Narváez
Son alarmantes las denuncias sobre abuso sexual a menores de edad en nuestro país; fenómeno que se extiende en el mundo entero. En el año de 2017, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informó de 11.290 casos de violencia a esta clase de personas. Medicina Legal, declaró por su parte, que en este mismo año ocurrieron 23.798 casos de violencia sexual, siendo cometidos el 87%, específicamente contra niños y niñas.
Esta es una cifra espeluznante, teniendo en cuenta que el estado ha depositado la confianza en el ICBF. Se supone que esta entidad tiene una solvente estructura organizativa dedicada a prevenir y a proteger la integridad de la familia y la de los menores de nuestro territorio. Si analizamos la argumentación que justifica la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el estado colombiano, encontramos que se crea mediante la ley 75 de 1968, debido a la necesidad de prevenir y proteger integralmente a la primera infancia y a la adolescencia. El objetivo central es el fortalecimiento de las familias, implementado estrategias y mecanismos de atención a los menores de edad, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política en el art. 44 y demás normas legales.
Sin embargo, y por lo que hemos constatado, sus acciones no se orientan, precisamente, a la prevención y la protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro pueblo, pues el nuevo delito que nos escandaliza hoy, ocurre en uno de los centros que tiene que ver con esta entidad que es rectora en la defensa de los derechos de los niños. “Buen Comienzo” es un programa de la alcaldía de Medellín, cofinanciado por el ICBF, a partir de un convenio interadministrativo y de recursos técnicos, suscrito para aunar esfuerzos orientados a la atención de la población infantil. La omisión de funciones es un delito, y si vamos más a fondo, estas entidades estatales, en cada departamento, tienen responsabilidad en los casos ocurridos, porque, son ellas quienes deben desarrollar acciones preventivas y protectoras para evitar la ocurrencia de los hechos. Hemos observado que su intervención es posterior a los mismos, o sea en el momento de la afectación y sin ninguna propuesta seria de prevención sostenible en la búsqueda de la no repetición de estos abominables hechos.
Definitivamente los colombianos tenemos mala memoria. A veces, se cree que con rendir unas estadísticas y relacionar los casos ocurridos se tiene todo. Me refiero a eventos por los que lamentamos en el pasado, nos rasgamos las vestiduras y hablamos de prevenir con políticas públicas para que nunca vuelvan a ocurrir. Son ellos: el asesinato en serie cometido por Luis Alfredo Garavito, quien vivía en Génova (Quindío), capturado por su perfil de pederasta y agresor sexual, tal fue su perfil, que mereció el apodo de la “La Bestia”. Este hombre, por los años 1992 y 1999 violó, torturó y mató a más de doscientos niños; el caso aberrante y doloroso de Rafael Uribe, quien se encuentra en prisión por la muerte y violación de Yuliana Andrea Samboni, la niña de siete años que fue secuestrada; el de la indígena violada por siete soldados, el de todos los abusos que contra niños, niñas y adolescentes que cometen representantes de las iglesias (sacerdotes y pastores) encargados de la vida espiritual de las comunidades y la salvación de las almas; el cometido por docentes y por los propios familiares de las víctimas.
Decimos que no se puede generalizar, es cierto, pero es que estamos hablando de un fenómeno social de un país que daña la integridad de lo más valioso que tiene una sociedad, nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Un solo caso debía impulsarnos a todos para exigir el respeto por sus derechos. ¿Cuántas muertes y violaciones sexuales de niños tenemos que esperar, para que el estado, el congreso y estas múltiples entidades protectoras, se sienten a ejecutar verdaderas estrategias y mecanismos que prevengan estos casos dolorosos?
Hoy, nos mantenemos pendientes y con dolor por el vergonzoso hecho que ocurrió en un espacio donde se supone los niños deberían estar cuidados y protegidos, libres de agresiones como el abuso sexual. Son supuestamente 22 menores de un jardín infantil en Santa Cruz, Comuna 2, de Medellín, y la captura por acceso carnal violento contra Ismael Darío Lopera, alias “Manolo”, quien se desempeñaba como el hombre de confianza de esta entidad. Las primeras personas que defendieron su buen nombre, fueron las docentes, entre las cuales se encuentra supuestamente una señora Trinidad, encargada de cuidar y amparar a los niños en el programa “Buen Comienzo”.
El sábado 19 de junio, Laura se enteró que su hijo de tres años había sido abusado sexualmente, en el Centro infantil “Pequeños Exploradores”, porque su hijo le había contado a su tía y a su abuela que, “el amigo grande” que trabajaba allá, le había tocado sus partes íntimas. La profesora Trinidad, defendió al señor diciendo que lo conocía muy bien. Se remitió el caso al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual, y muchos casos más salieron a flote; la respuesta fue la transferencia del supuesto violador a otro lugar.
“No vamos a descansar hasta capturar a Lopera”, ha dicho el alcalde y el presidente anuncia la cadena perpetua para los violadores de niños y menores. ¿Cómo podemos explicarnos los colombianos que existan sin ningún control estos centros de protección infantil, donde un encargado de cocina está en contacto con los niños? ¿Cómo puede entenderse que las docentes de este centro no tengan conocimiento de lo que estaba ocurriendo con los 22 niños que fueron maltratados sexualmente? ¿Dónde estaba la alcaldía de Medellín y el ICBF, en este caso? Los colombianos nos preguntamos: ¿a cuántos funcionarios pagamos en el ICBF? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué tiene que ver la política en estas entidades, para que una persona sin ninguna capacitación, sea el encargado de cuidar a los niños en estos lugares?
En tiempos pasados, cuando los médicos legalistas revisaban a los niños abusados, en algunos casos se consideraba que eran inventos de los niños y niñas y se pensaba que estos casos ocurrían con el personal doméstico, encargado de cuidar a los menores y no por miembros de la familia; sin embargo, fue en 1980 cuando se empezó a hablar de abuso sexual a los niños y a cuestionar sobre las fantasías con la idea de seducción, argumentando que ellas sí escondían casos reales de abuso. Hay que creerles a los niños.
El abuso sexual y las consecuencias nocivas de este hecho deben tener diagnósticos diferenciales, por lo cual, el psicoanálisis trata caso por caso, ya que la causa y el efecto son diferentes en cada evento. Cuando esta disciplina se refiere al abuso sexual a menores, afirma que las consecuencias a las que los formadores (padres de familia, docentes, cuidadores y protectores de niños, niñas y adolescentes), deben estar atentos, son algunos síntomas que pueden referirnos maltrato sexual. Los menores presentan deterioro de las habilidades cognitivas, altos niveles de ansiedad, baja autoestima, depresión, trastornos disociativos, ideas paranoides, ideas suicidas, deficiencias en el lenguaje y en el habla, bajo rendimiento escolar.
Freud realizó los primeros estudios pertinentes acerca de lo erótico, por medio de los falsos enlaces simbólicos que se crean cuando estas situaciones erótico-agresivas son objeto de procesos psíquicos por orden patológico, tales como la represión. Enfatiza que las situaciones de abuso sexual son traumáticas porque el recuerdo de las mismas entra en conflicto con la conciencia moral del sujeto que las padece, produciendo la inclinación represiva hacia el mismo yo, con un sentimiento de culpa. Estas vivencias sexuales tempranas, violencia y maltrato infantil, pueden degenerar en un carácter “sádico – masoquista” resultante del conflicto y la culpa moral que el individuo que las padece, carga toda la vida venidera, si no hay un tratamiento oportuno y adecuado.
Hay cosas que jamás debemos olvidar. La mala memoria y el olvido, son culpables de grandes ingratitudes y también de la repetición de hechos agresivos, como los que acabamos de mencionar.
