Por: Elsy Melo Maya
Resulta que según datos oficiales, de los casi 2 millones de venezolanos que están en Colombia, el 90% vive de la economía informal, por esa razón los vemos en una gran mayoría en la calle, vendiendo dulces o en los semáforos y en el peor de los casos, delinquiendo; y el 56% no cuenta con un estatus migratorio regular, y en consecuencia no puedan acceder a los servicios sociales ni económicos del Estado, y por lo tanto en relación al tema de salud pública que a todos nos interesa, tampoco serían objeto de vacunación por COVID, lo cual implica un riesgo adicional para la población colombiana.
Pero eso no es todo; más allá de pensar que la medida implica simplemente la inversión de recursos en favor de los migrantes venezolanos y que además podrán votar en las próximas elecciones, (lo cual no es cierto de acuerdo con la normatividad que ampara el estatus de protección temporal), la regularización propuesta pretende contar con un registro de nombres, edades, apellidos, sitio de residencia, condiciones socioeconómicas y algo muy importante, la certeza de que quien no esté debidamente registrado, estará en situación de irregularidad y por lo tanto, será objeto de deportación. No se trata de nacionalizar a los migrantes venezolanos, ni serán residentes, ni tendrán cédula; ingresarían a un régimen transitorio con algunos beneficios, pero no tendrán ciudadanía colombiana.
En conclusión, se trata de regular de alguna forma, esa informalidad rampante en que han venido los migrantes venezolanos, que no favorece ni al Estado ni a la comunidad colombiana y en cuanto a los beneficios y para solo poner un ejemplo, como ya lo han referido algunos observadores, qué bueno sería que esta población deje de ser atendida por urgencias y se sometan, como lo hacemos todos, a los interminables trámites y turnos con los que tenemos que lidiar diariamente, como consecuencia en gran parte, de la falta de pago oportuno de las EPS a las instituciones prestadores, o sea las clínicas y hospitales del país, y obviamente, la falta de asignación de recursos suficientes por parte del Estado para este sector.
