Imputan cargos a exfuncionaria de Túquerres por muerte de 22 aves

Una exfuncionaria fue imputada por ordenar la poda de varios árboles que servían de hábitat para las aves y sus polluelos

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Las verificaciones realizadas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) permitieron identificar la presunta causa de la muerte de, por lo menos, 22 garzas, entre polluelos y aves maduras, en Túquerres (Nariño).

Los elementos de prueba indican que la poda de una cantidad importante de árboles en inmediaciones de un parque infantil, con el aparente incumplimiento de las medidas ambientales de conservación y seguridad, habría sido un atentado contra la vida de las especies porque las dejó sin su hábitat natural y las expuso a condiciones extremas de riesgo. 

Con la poda masiva, realizada el 24 de agosto de 2020, varios polluelos cayeron de los nidos y murieron. De otra parte, 18 garzas extraídas del lugar, al parecer, fueron encerradas en cajas de icopor para ser trasladadas a un centro de rehabilitación animal; sin embargo, murieron asfixiadas.  

Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito de maltrato animal a la ex secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Túquerres (Nariño), Rosa Aydé Arroyo Pantoja; y al contratista Franklin Chalacán Chalacán. 

La investigación da cuenta, de que la entonces funcionaria, contrató la poda de los árboles, supuestamente, sin exigir las previsiones de rigor. Por su parte, el procedimiento lo cumplió el operador seleccionado, quien no habría tenido en cuenta los requerimientos de la Corporación Autónoma de Nariño (Corponariño), lo que causó la muerte cruel de las aves.  

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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