IMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD

Por:

Jairo Bravo Vélez

Pareciera que al leer el encabezonamiento de este escrito vamos a hacer pedagogía de temas tan controversiales en la literatura jurídica, pero no es así, o si parece serlo, trataremos de que no sea.

Veamos: a raíz de que el fiscal de bolsillo de este País nos sorprendió a los colombianos – y de pronto al mundo entero-  en medio de la generalizada y justa protesta del pueblo colombiano en contra del desgobierno, con la perogrullada de que iba a expropiar o extinguir el dominio de los vehículos de carga pesada que, como forma de demostrar su descontento, obstruyen las vías a lo largo y ancho de la geografía de Colombia, en descarada amenaza que los señala y culpa como responsables de las irreparables consecuencias económicas y sociales de las movilizaciones populares, recordé el fatídico seis de noviembre del 2005, cuando el mundo horrorizado presenció la toma del Palacio de Justicia.

Como el ser humano ante la desgracia propia o ajena siempre busca un responsable, ante esta hecatombe, desde el mismo momento de la comisión del magnicidio, se empezaron a signar responsables y quedó para la historia descubrir la verdad porque las tesis esgrimidas o las investigaciones oficiales realizadas, todas obedecen a intereses o conveniencias grupales, habiendo quedado en la más vergonzosa oscuridad.

Yo me acojo a la versión del eximio jurista Yesid Reyes Alvarado, una de las principales víctimas del nefasto crimen por ser nada más y nada menos que el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, uno de los más laureados exponentes del Derecho Penal en nuestro País, el Maestro Alfonso Reyes Echandía. Es que Reyes Alvarado, también eminente maestro del Derecho Penal, se descobija de sentimientos, entendibles en su caso, y descubre objetivamente a quién debe imputarse la masacre y, desde luego, su responsabilidad. En octubre del año 1985, los servicios de inteligencia de este país conocieron en forma pormenorizada la manera como el grupo guerrillero M-19 planeaba ejecutar un asalto armado al Palacio de Justicia. Por tal razón dispuso el gobierno que la Policía ejerciera la vigilancia debida. No obstante lo anterior, el miércoles 6 de noviembre de 1985 no contaba el Palacio de Justicia, inexplicablemente, con la vigilancia ordenada y el grupo insurgente ingresó violentamente a las 11 y 30 de la mañana, produciéndose de inmediato la intervención armada y brutal de parte de las fuerzas armadas del gobierno y se desató el holocausto por todos conocido. Murieron connotados juristas, funcionarios públicos, trabajadores y ciudadanos inocentes, amén de los guerrilleros caídos.

En esta etapa luctuosa de la vida nacional, a partir de este noviembre de penumbra, se han generado constantes hechos de violencia que han desgarrado el alma de la nación: entre 1885 y 1993 se produjo el exterminio cruento de 1.163 integrantes de la Unión Patriótica, según cifra entregada por la Corte Internacional de Derechos Humanos. A Jaime Pardo Leal lo asesinan el 11 de octubre de 1987; a Bernardo Jaramillo Ossa el 22 de marzo de 1990. Un año antes habían sacrificado vilmente a Luis Carlos Galán Sarmiento. El 26 de abril de 1990 asesinan a Carlos Pizarro Leongómez. El ex fiscal Enrique Low Murtra, quien emprendió frontal campaña contra la mafia siendo Ministro de Justicia, fue enviado como embajador ante el gobierno de Suiza por cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta que un Ministro de Justicia había sido asesinado y otro había sufrido un serio atentado. Sin embargo la politiquería inmisericorde lo dejó por fuera del cargo y obligadamente tuvo que volver a Colombia para ser asesinado el 30 de abril de 1991. Álvaro Gómez Hurtado fue sacrificado el 2 de noviembre de 1995.

Las Fuerzas Militares de Colombia abatieron al menos 6.402 civiles entre los años de 2002 y 2008, habiendo sido presentados como “bajas de combate”, considerado este hecho histórica e internacionalmente como “fenómeno macrocriminalW. Para nosotros fueron y serán falsos positivos.

Hoy, desde hace treinta días, la patria enfurecida mira con terror y desesperanza cómo nuestra gente hambrienta cubre las calles de las ciudades protestando ante la explotación y la barbarie, reflejadas en las marcadas desigualdades y miseria. La salvajada se refleja en la muerte de Bryan Fernando Miño, Santiago Andrés Morillo, Marcelo Agredo, Lucas Jaramillo y cuarenta compatriotas más, jóvenes que apenas se asomaban a la vida. También la fuerza pública ha sufrido lesiones y bajas.

Cabe entonces preguntarse, en los casos de los asesinatos de los líderes políticos y sociales, si se justificaba sacrificar sus vidas. Y tenemos indefectiblemente que contestarnos que segar la vida humana no tiene justificación; pero lo más deplorable es que la impunidad ha reinado en todos los casos, nadie, con seguridad, ha sido penado por esos delitos que se constituyen en injustos de lesa humanidad. Podría afirmarse que por la muerte de tan brillantes hijos de Colombia sólo pueden ser punidos quienes finalmente descerrajaron los mortales tiros mientras la inercia o la negligente actitud de los funcionarios del estado que no protegieron sus vidas sólo merecen el reproche social por fuera de la órbita del Derecho.

¿Debería afirmarse también que por la muerte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sólo deben responder los guerrilleros que asaltaron el Palacio de Justicia, aun cuando las mortales balas no provinieron de los guerrilleros?

Y en el caso de las injustificadas muertes de tantos jóvenes manifestantes debe acaso la sociedad justificar la desconsiderada y criminal actitud de las fuerzas armadas, sólo porque unos pocos, que nada tienen que ver con los protestantes, sesguen unas manifestaciones constitucionalmente garantizadas como derecho fundamental.

¿Pueden las fuerzas de seguridad del estado reaccionar en forma ilimitada aun a costa de la integridad personal de inocentes ciudadanos y sin que ello cause conmoción alguna dentro del conglomerado social, cuando tan conocida forma de responsabilidad se encuentra prohibida en el decreto 003 den enero de 2021?

No, señores; en esta dictadura soslayada no pueden ser culpables los abnegados transportadores que los bombardean cada vez con impuestos, les imponen trabas en su trabajo y cargas económicas de todo tipo; no pueden ser responsables los líderes sociales y políticos que se sacrifican por sus conciudadanos; no se puede responsabilizar a los jóvenes que se resolvieron a romper las cadenas de la indiferencia y se propusieron reclamar sus justos derechos. No culpemos a la población mayoritaria de este país que se muere de hambre.

Los únicos culpables son ustedes que han detentado el poder por muchos años, que han llenado sus arcas personales con los dineros de la corrupción, y que han hecho de Colombia un narco estado.