¿COLOMBIA ES UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO?

 

Por:

Manuel Enrique Martínez Riascos (1)

 

 

El enunciado que a manera de pregunta precede este artículo corresponde al título del libro homónimo, que se escribió en la oportunidad de conmemorar este año tres décadas de promulgarse la Constitución Política que rige a Colombia y, en los contextos del enclaustramiento forzado por la pandemia del Covid-19 y del Movimiento Social que irrumpió con fuerza en todo el país a partir del 28 de abril de 2021.

En cierto modo las motivaciones para asumir ese reto -el de la escritura- sobre un tema jurídico y en particular del derecho constitucional, fue la pretensión no sólo de responderlo, sino de analizar si en la realidad concreta se cumple o no, que llevaron al autor -estudioso del derecho- a investigar, a auscultar una serie de hechos que sucedieron casi de manera simultánea durante estos treinta años de vigencia del nuevo ordenamiento jurídico-legal, que fue resultado de la ardua y democrática labor adelantada por la Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno de César Gaviria Trujillo.

Como se señala en la Introducción, El […] camino para llegar a esa Asamblea, se materializó gracias a la exigencia de la ciudadanía ya que la nueva Constitución fue una realidad gracias a la Séptima papeleta, propuesta originada por un sector de académicos y líderes sindicalistas, la cual fue fortalecida con el movimiento estudiantil que planteó la inclusión de un séptimo voto en las elecciones del 11 de marzo de 1990, el cual solicitaría la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La ciudadanía
respondió masivamente a la propuesta. De esta forma, se puede afirmar que el movimiento ciudadano de la Séptima papeleta fue el origen de la Constitución de 1991, sumado al exitoso proceso de paz con el M-19, el cual tenía como acuerdo una constituyente.  (http://www.indepaz.org.co/wpcontent/uploads/2013/04/La_constituyente_de_1991.pdf).

De igual manera y como también lo menciona el autor, “Algunos de los más destacados constituyentes ya no están en el acontecer político del país porque se han retirado, como es el caso del ingeniero pastuso Antonio Navarro Wolff; otros, han muerto asesinados como Álvaro Gómez Hurtado (1995) y por causas naturales falleció Horacio Serpa Uribe (2020), quienes tuvieron el histórico honor de compartir la presidencia del celebrado organismo constituyente” (2021, p. 16-17).

Interesa destacar que se da apertura al contenido temático de la obra, transcribiendo el primer título de la Constitución Política que trata de Los Principios Fundamentales y el respectivo Artículo 1. Que declara con solemnidad: “Colombia es un Estado social de derecho (…)”. (https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf)

En ese orden de ideas, y “Para los propósitos de este texto, [precisa el autor] se eligieron, entre muchos otros hechos, aquellos considerados por la opinión pública como los más escandalosos, por sus alcances y consecuencias y por haber violentado de modo flagrante el orden jurídico y constitucional, no en procura de lograr beneficios del interés común o público, sino del interés personal, individual o particular” (2021, p. 19).

Así y en la secuencia en la cual son presentados y tratados esos hechos se tienen: la reelección presidencial, la parapolítica (I), Agro Ingreso Seguro (AIS), Reficar, Los falsos positivos, Hermenéutica Filosófico-Jurídica [digresión], Caso Jineth Bedoya, el cartel de la toga, caso Odebrecht, la estela de la corrupción, caso de las “chuzadas”, la égida de la parapolítica (ii), y los cultivos ilícitos.

En una síntesis rápida, se pasa a hacer referencia a esos hechos que son dilucidados en el libro.

El primer insuceso cobró notoriedad a raíz de las declaraciones de la congresista Yidis Medina (en 2008) quien manifestó “haber negociado su voto a favor de la reelección a cambio de nombramientos en notarías y aportes económicos…”, lo cual originaría el escándalo de la “yidispolítica” (2021, p. 21).

La irrupción y esclarecimiento del fenómeno conocido como de la parapolítica, se conoció en 2006, “gracias e las investigaciones adelantadas por la corporación Nuevo Arco Iris, que dirigía en su momento León Valencia (exguerrillero del ELN, investigador, periodista, analista político, Premio de periodismo Simón Bolívar), que revelarían las alianzas de un gran número de políticos, entre congresistas, candidatos a gobernaciones y alcaldías, a lo largo y ancho del país, con las facciones del paramilitarismo” (2021, p. 24).

El otro hecho bochornoso, por decir lo menos, fue el relacionado con el exministro Andrés Felipe Arias Leiva, a quien “La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años de prisión y al pago de una sanción económica de $30.000 millones (…) por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS)” (2021, p. 29).

Casi por la misma época ocurrió otro hecho que, a criterio de los expertos, se configuró como el mayor caso de corrupción en los últimos veinte años en el país. “Se trata de la ampliación de la refinería en Cartagena, Reficar, en cuya obra se habrían invertido más de 4.000 millones de dólares en sobrecostos, según una investigación de la Contraloría General, presidida en ese entonces por Edgardo Maya” (2021, p. 38).

“En este recorrido por la Historia reciente del país, tampoco se puede eludir o silenciar el escándalo desatado por el fenómeno, mal denominado en la jerga periodística e informativa, de los “falsos positivos” que, en términos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), del que Colombia es signataria, correspondía a las “ejecuciones extrajudiciales” que, según el informe de la Jurisdicción de Justicia y Paz (JEP), ascendieron a la cifra escalofriante, sin ningún término de comparación –por lo menos en el hemisferio occidental– de 6402” (…) (2021, p. 44).

En otro de los capítulos se trabaja [a manera de digresión] una aproximación hermenéutico-filosófico-jurídica desde “la perspectiva de la filosofía política y de la filosofía del derecho, para escudriñar desde qué teorías y corrientes filosófico-políticas se construyó la Carta política que rige a Colombia a partir de 1991 (…)” (2021, p. 51).

Se aborda también el trágico y lamentable caso “ocurrido hace veinte años, que afectó por igual no solo la vigencia de Colombia como un “Estado social de derecho”, sino su imagen a nivel nacional e internacional, [el cual fue] y sigue siendo el caso de violencia sexual, secuestro y tortura contra la destacada y valerosa periodista Jineth Bedoya, vinculada con la casa editorial del Diario El Espectador de la familia Cano, en Colombia, y tal vez el único medio periodístico independiente y crítico que sobrevive en el país” (2021, p. 58).

En otro acápite se estudia “el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, denunciados por “cobrar” millonarias sumas de dinero por favorecer los fallos en ciertas investigaciones en curso y, en la jerga periodística, siempre ocurrente, se denominó a este nuevo escándalo con la expresión “el cartel de la toga” [para referirse a la
indumentaria que utilizan los magistrados en las sesiones]” (2021, p. 68).

No podía faltar en este estudio el Caso Odebrecht, “ (…) escándalo de corrupción que se desató en diciembre del 2016, cuando las autoridades estadounidenses, con el apoyo de Suiza, rastrearon los pagos millonarios que realizaba la constructora brasileña Odebrecht en América Latina y en África” (2021, p. 75).

Los eventos de corrupción que se presentan y describen llevaron al autor a incluir en su texto, el acápite titulado La Estela de la Corrupción, en el cual comparte “el diagnóstico presentado en su estudio por Fedesarrollo” con relación al sonado caso de la constructora brasileña.

De igual manera, avocó “otro hecho que causó conmoción y escándalo en el país y trascendió las fronteras, como fue el denominado, de forma inadecuada, por los medios de prensa nacionales como “el de las chuzadas” que, en el léxico de los medios internacionales, corresponde al término de espionaje, [que en el evento colombiano correspondió a la interceptación ilegal de las comunicaciones] delito que se castiga con penas altas de prisión, según la legislación de los países en particular” (2021, p. 87).

Por la trascendencia y consecuencias del fenómeno de la parapolítica, se dedica el penúltimo capítulo a un análisis más detenido de éste.

Finaliza el texto haciendo mención al problema complejo e irresoluble de los cultivos ilícitos, que se constituye en “El otro ingrediente para el reavivamiento de la violencia, a lo largo y ancho del territorio nacional (…)” (2021, p. 102).

 

Merece relievarse que en el Prólogo del libro, el galardonado escritor y político vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazábal afirma de manera contundente: Quizás nada de lo contenido en este trabajo de Manuel Enrique Martínez Riascos pueda ser refutado, pero como olvida dos hechos fundamentalmente vigorosos para poder entender nuestro desequilibrio permanente: el hecho de que no se haya podido gobernar sin robar y se haya disculpado el latrocinio permanente con la manera como se interpretó la Constitución para mantener los auxilios parlamentarios y garantizar la compraventa de votos del Congreso a la hora de aprobación de las leyes de Presupuesto, deja el brillante ensayo caminando con cojera (2021, p.13).

 

 

 

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(1) Manuel Enrique Martínez Riascos, Magister en Literatura, Universidad de Nariño; Magister en Comunicación Educativa, Universidad Tecnológica de Pereira. Docente Departamento de Humanidades y Filosofía, Universidad de Nariño.