CARGOS CONTRA 21 POLICÍAS POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN EL ASESINATO DE SIETE CIVILES EN EL TANDIL, NARIÑO
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2017, cuando cerca de 2.000 personas se reunieron en el lugar para protestar por las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito.
Bogotá, D. C. abril 23 de 2023
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres oficiales, un suboficial y 18 agentes de policía que habrían participado en un enfrentamiento contra la población civil de El Tandil, vereda de Tumaco, Nariño, que dejó como resultado siete personas muertas y 20 heridas.
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2017, cuando cerca de 2.000 personas se reunieron en el lugar para protestar por las labores de erradicación de cultivos de coca adelantadas allí, aduciendo que estos representaban su única fuente de ingreso y que el Gobierno Nacional no había cumplido con las promesas para brindarles otras alternativas de subsistencia.
A eso de las 10:30 de la mañana, mientras los líderes de la protesta dialogaban con el comandante de los policías presentes para levantar el paro, se escucharon disparos que hicieron que los policías respondieran alsupuesto ataque.
“Tras escucharse el sonido de lo que parecía ser una ráfaga de arma de fuego, integrantes de la Policía Nacional, presuntamente, desenfundaron y accionaron sus armas de fuego de dotación en contra de la población civil, dando como resultado la muerte de siete personas y otras veinte resultaron heridas”, se relata en el documento.
Para la Procuraduría, según el material probatorio recaudado hasta el momento, los policías habrían afectado gravemente los derechos a la vida y la integridad física, valores esenciales del ordenamiento constitucional y de la humanidad en su conjunto, sin contar con el grave riesgo en el que pusieron a los demás civiles allí presentes.
“Los ciudadanos se encontraban en estado de indefensión pues, además de no ofrecer resistencia alguna, en su mayoría, recibieron impactos de disparos por la espalda, esto es, cuando trataban de salir del lugar de los hechos”, asegura el Ministerio Público.
El cargo endilgado al oficial al mando se imputa por presuntamente no haber evitado, pudiendo hacerlo, que un grupo de policías que estaban bajo su control se extralimitaran en eluso de sus armas de dotación.
Frente a los demás integrantes de la policía el cargo imputado hace referencia a la presunta omisión de su función orientada a proteger a todas las personas y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, entre los que se encuentran la vida y la integridad personal. Las conductas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de Dolo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2094 de 2021, dicho proceso pasará a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento (reparto), quienes se encargarán de la etapa de juicio disciplinario en contra de los integrantes de laPolicía Nacional.
El caso
Las víctimas identificadas fueron Aldemar Gil Guacheta de 25 años, Jaimen Guanga Pai de 45 años, Diego Escobar Dorado de 31 años, Alfonso Taicus de 32 años, Nelsón Chacuendo Calambas de 29 años y Janier Usperto Cortés de 26 años.
Inicialmente, se señaló como responsable a la disidencia de las FARC, indicando que se había dado un enfrentamiento y ataque a miembros de la fuerza pública con cilindros de gas, tatucos y tiros de fusil por alias Guacho y su grupo GAO, así lo declaró un comunicado que se publicó en la página del Ejercito Nacional. Ante esto, la comunidad se pronunció y responsabilizaron a la Fuerza Pública como los autores de la masacre.
El domingo 8 de octubre de 2017, en el lugar del ataque ingresó una comisión de derechos humanos de la Gobernación de Nariño, los defensores y periodistas fueron hostigados por miembros de la policía en la zona. En diciembre de 2017 se iniciaron las investigaciones a 40 miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad para la Erradicación Manual de Tumaco y el Núcleo Delta de la Policía Nacional; 14 integrantes del pelotón Dinamarca de la Quinta División de la Brigada Móvil No. 35 del Ejercito Nacional y a miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación Caseg-6.
Para enero del 2018, se realizaría una audiencia para imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado, responsabilizando al comandante Javier Enrique Soto García del Núcleo Delta de la Policía Nacional y al comandante Jorge Niño León del Pelotón Dinamarca I, sin embargo, la audiencia fue aplazada y luego cancelada. Hasta el momento nadie ha sido condenado y la Procuraduría General de la Nación no ha sancionado a ningún miembro.
Desde la masacre y ante la impunidad la gobernación de Nariño y los habitantes de Tumaco se han pronunciado, están pidiendo que se haga justicia, que se conozca la verdad de lo sucedido, que se deje de criminalizar a los campesinos cultivadores de coca, que no se desate la fumigación con glifosato y adicionalmente que se cumplan los acuerdos de paz, de forma que los conflictos se solucionen por medio del diálogo y la verdad.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 989 de 2022, decidió el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tumaco y el Juzgado 182 Instrucción Penal Militar de Pasto y consideró que el conocimiento de los hechos le corresponde a la justicia ordinaria pues estos no se pueden asociar con el servicio militar o de policía, decisión fundamental para avanzar hacia la justicia.
“Al Estado le pido que por lo menos por una vez en la vida reconozca los errores que tiene, que dejen de masacrar las personas y después manejar los medios de comunicación y decir que nosotros somos los que los atacamos”, clama una de las víctimas, que no entiende por qué después de tantos años el caso sigue en absoluta impunidad.
