ASI ES LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO DE DUQUE

Esta reforma surge tras el retiro de la anterior propuesta presentada por el exministro Alberto Carrasquilla, provocada por el impacto de las protestas y el paro nacional iniciado en abril.

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Por: Valora Analitik

 

Las propuestas de los gremios para una nueva reforma tributaria de $14 billones (Fuente: LaRepublica.co)

 

La nueva reforma tributaria contiene varios módulos que, en conjunto, buscan fortalecer la inversión social y su financiamiento, explicó el ministro de Hacienda.

 

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentó el pasado martes 13 de julio, el grueso del contenido de la reforma tributaria que será radicada con mensaje de urgencia en el Congreso este 20 de julio.

Dijo que, por primera vez, el proyecto de ley de reforma tributaria (llamado internamente Proyecto de Inversión Social) tendrá su base más importante el recorte del gasto y el combate de la evasión.

Restrepo retomó uno de los temas que ya se había incluido en la reforma anterior que fue retirada del Congreso por las protestas sociales. Dijo que los bienes declarados en el país serán materia de seguimiento para verificar que coincidan con su valor comercial para combatir la evasión.

La reforma tributaria de Colombia, dijo, ha sido cuidadosa en no tocar el IVA, no tocar las pensiones, no tocar la base de declaración de renta para personas.

De esa manera, el Gobierno atiende las principales quejas que llegaron de las protestas sociales con la reforma anterior y que llevó, además, a la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Con ese plan de austeridad, el ministro dijo que el 40 % de las necesidades de recursos de la reforma provendrá del plan de austeridad del gobierno y de la lucha contra la evasión.

La reforma tributaria planea recoger $15,2 billones en nuevos recursos para atender las necesidades fiscales de Colombia por la pandemia.

 

Regla Fiscal

 

La reforma, según Restrepo, retoma también el tema de la Regla Fiscal y la posibilidad de darle más autonomía al Comité Consultivo de la Regla Fiscal.

“Se definen metas fiscales que garanticen un nivel de deuda prudente para el país y límites de deuda para garantizar una solvencia del Estado”, detalló el ministro. Se está definiendo un anclaje de la deuda pública que permita converger a niveles prudenciales. Esta ancla será del 55% del PIB.

Además, se incluyen ajustes automáticos del balance primario y de las metas fiscales cuando la deuda se acerca al límite estipulado. Lo anterior, con el fin de llegar al nivel de deuda objetivo.

La nueva propuesta incluye los siguientes parámetros, enfocada principalmente en el ahorro del gasto gubernamental y no afectar a las clases medias y pobres con mayores impuestos.

Más gasto social y para la reactivación económica

 

Ingreso Solidario: se propone extender el programa hasta 2022, manteniendo los beneficiarios actuales y ampliando su cobertura en 200 mil hogares en condición de pobreza extrema que hoy no reciben ningún beneficio del Gobierno. Esa iniciativa tiene un costo fiscal de $2,13 billones para 2021 y $6,59 billones para 2022.

Reforma tributaria: se amplía para el periodo julio-diciembre 2021, focalizando el programa en las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores) e incluyendo a empleadores, personas naturales generadoras de mínimo dos empleos. Su costo fiscal es de $1,06 billones en 2021.

Educación: destinar mayores recursos para el pago a la matrícula de estudiantes de instituciones de educación superior pública. A su vez, se podrán otorgar estímulos y alivios a las personas que tengan obligaciones financieras con el Icetex. Su costo es de $700.000 millones por año.

Empleo: se propone un esquema de incentivos para la contratación formal de jóvenes (25% de un salario mínimo), así como para el resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos (10% de un salario mínimo). Allí, el costo fiscal es de $236.000 millones en 2021 y $573.000 millones para 2022.

 

Compromisos con la austeridad del gasto público. Ahorro $1,9 billones anuales

 

  • A partir de 2023, los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios.
  • Se limita la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros.
  • Las transferencias a cargo de la Nación, se reducirán anualmente, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a la salud, a las universidades y a las pensiones.
  • Se controlarán y disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas.
  • Estímulo a la formalización tributaria: fortaleciendo la capacidad de fiscalización de la Dian. Recaudo estimado: $2,7 billones:
  • Con el propósito de continuar la campaña de reducción de la evasión, se faculta a la Dian para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen.
  • Se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) con el propósito de identificar mejor las personas que son propietarias o beneficiarias de las empresas para que cumplan con sus obligaciones tributarias.
  • Se utilizará un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
  • Aporte de mayores ingresos tributarios, sin afectar a las personas naturales.
  • Se reduce a un 50% el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas. Recaudo proyectado: $3,9 billones.
  • Aporte solidario de las empresas para el financiamiento de la inversión social, a través de un incremento en la tarifa de renta de 30% a 35% a partir de 2022. Recaudo estimado: $6,7 billones.
  • Extensión de la sobretasa al sector financiero de tres puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025. Recaudo calculado: $415.000 millones (precios de 2023).
  • Normalización tributaria para el año gravable 2022. Recaudo estimado: $300.000 millones en 2021 y $360.000 millones para 2022.
  • Fortalecimiento de la institucionalidad, para promover la sostenibilidad de las finanzas públicas.

 

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