Por:
Laura Bonilla
Fundación Pares
INTRODUCCIÓN
En la madrugada del 3 de enero de 2026, alrededor de las 2:00 a. m. (hora local), se registraron explosiones, sobrevuelo de aeronaves y cortes parciales de energía en distintos sectores de Caracas. Horas más tarde, el gobierno de Estados Unidos reconoció la realización de una operación militar en territorio venezolano. La Casa Blanca sostuvo que se trató de una acción limitada de seguridad internacional orientada a capturar a un alto jefe del narcotráfico, enmarcándola dentro de las facultades del Ejecutivo para combatir organizaciones criminales transnacionales. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses citando fuentes oficiales, la operación habría involucrado fuerzas de operaciones especiales (1)
Desde Caracas, el gobierno venezolano calificó los hechos como una agresión militar contra la soberanía nacional y denunció que se trató de una operación con fines de cambio de régimen. En paralelo, en Washington surgieron cuestionamientos políticos y jurídicos — incluyendo voces en el Congreso— sobre la legalidad de la acción, en particular sobre si la magnitud y naturaleza de la operación requerían autorización legislativa conforme a la Constitución estadounidense y a la War Powers Resolution. Así, el episodio se inscribe en una zona gris jurídica y política, con interpretaciones contrapuestas sobre si se trató de una operación antinarcóticos puntual o de un acto de fuerza con implicaciones explícitas de intervención y reconfiguración del poder político en Venezuela. (France 24, 2026)
Desde la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) nos sumamos a las voces expertas que consideran que la operación militar adelantada por Estados Unidos en Venezuela presenta serios vicios de legalidad. Si bien la fiscal general Pam Bondi afirmó en redes sociales que los responsables “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en tribunales estadounidenses”, el propio presidente Donald Trump, en una rueda de prensa posterior, fue más allá al acusar a Venezuela de “robar intereses petroleros de Estados Unidos” y anunciar que Washington tomaría control del país y lo administraría por un periodo de tiempo, sin ofrecer mayores precisiones. Esta combinación de argumentos — presentar la acción simultáneamente como una operación puntual de aplicación de la ley y como el inicio de un control prolongado sobre otro Estado— ha sido duramente cuestionada por expertos en derecho internacional y constitucional. Como señaló Jeremy Paul, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Northeastern, “no se puede afirmar que se trató de una operación de cumplimiento de la ley y, acto seguido, sostener que ahora es necesario gobernar el país; esa posición simplemente no tiene sentido”. A la luz de estos elementos, PARES considera que la actuación estadounidense se inscribe en una zona gris jurídica que vulnera principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía de los Estados (Hals, 2026).
Desde hace años, en la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) hemos rechazado de manera consistente el autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro, el despojo sistemático de las garantías electorales y el robo de elecciones en Venezuela, así como la violación reiterada y documentada de los derechos humanos. Hemos estado del lado de las y los líderes sociales venezolanos, de defensores y defensoras de derechos humanos perseguidos, y hemos abogado de forma permanente por su libertad, protección y reconocimiento internacional. De igual manera, hemos denunciado la presión y vulneración de los pueblos indígenas amazónicos venezolanos, el control territorial ejercido por actores violentos sobre sus territorios ancestrales y la complacencia del régimen con redes de corrupción, violencia y narcotráfico. Sin embargo, nada de lo anterior puede servir de justificación para una violación flagrante de la soberanía ni para una intervención militar directa, que abre una puerta profundamente peligrosa para América Latina: una región marcada por democracias frágiles, cuya reconstrucción institucional nos ha tomado décadas tras dictaduras dolorosas, conflictos armados prolongados y tragedias humanas que no pueden repetirse bajo nuevas formas de excepcionalismo.
Por esa razón —y dejando constancia de que los hechos han ocurrido muy recientemente y que parte de la información disponible continúa en verificación—, desde la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) nos permitimos presentar un análisis preliminar de actores y escenarios para la opinión pública. Nuestro propósito es contribuir a entender lo que está ocurriendo, anticipar lo que podría suceder en el corto y mediano plazo, y dimensionar sus posibles consecuencias militares, políticas y económicas para Colombia, en su condición de país vecino que comparte con Venezuela una frontera terrestre de 2.219 kilómetros y, por tanto, enfrenta retos comunes en materia de seguridad fronteriza, movilidad humana, economías ilegales, gobernanza territorial y estabilidad regional. Para este propósito, presentamos un análisis preliminar que parte de los hechos verificables disponibles hasta el momento, continúa con una lectura de actores, intereses y posiciones en disputa, y desemboca en un análisis de escenarios para el corto y mediano plazo. Cerramos con una identificación de posibles consecuencias para Colombia, tanto en el plano de seguridad y defensa como en el político, humanitario y económico, en su condición de país vecino y directamente expuesto a los efectos de una crisis que reconfigura el equilibrio regional.
1. La cronología de la crisis
La crisis venezolana escaló significativamente desde 2019, cuando la dualidad de poderes entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó generó un estancamiento político y un aumento de la presión internacional. No obstante, la presión diplomática se centró en una estrategia exclusivamente concentrada en apoyo a la oposición de unos pocos actores, la mayoría de ellos en la diáspora y no logró tener efecto dentro del país que fue perdiendo cada vez más capacidades de acción por parte de una ciudadanía en grave crisis económica, vulnerable a las violaciones a los DHHH por parte del régimen y a una sociedad civil en una lucha constante por sobrevivir a condiciones adversas, con muy poco apoyo directo.
En 2020, la situación se tornó judicial y militar con la imputación de Maduro por narcoterrorismo en EE. UU., que ofreció una recompensa de 15 millones de dólares, y el fracaso de la incursión armada denominada “Operación Gedeón”. Los intentos de diálogo en México durante 2021 se suspendieron abruptamente tras la extradición de Álex Saab, y para 2022, el panorama geopolítico cambió con un acercamiento pragmático de Washington por la crisis energética y el restablecimiento de relaciones con la Colombia de Gustavo Petro. A finales de 2023, la oposición renovó su impulso con las primarias ganadas por María Corina Machado, aunque el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su inhabilitación política, cerrando las vías para su candidatura presidencial.
El quiebre definitivo ocurrió tras las elecciones de julio de 2024, donde Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude masivo, lo que forzó el exilio de Edmundo González tras una fuerte represión poselectoral. Para mayo de 2025, el chavismo consolidó un control absoluto de las instituciones al ganar 23 de las 24 gobernaciones y la mayoría calificada de la Asamblea Nacional en comicios marcados por la apatía y la división opositora. La tensión internacional alcanzó su punto máximo a finales de 2025 con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, quien endureció el discurso calificando a Venezuela como un “Estado narcoterrorista” y movilizó unidades militares al Caribe. Finalmente, el 3 de enero de 2026, una intervención militar de EE. UU. mediante ataques de precisión y fuerzas especiales culminó en la captura de Nicolás Maduro, dejando al chavismo bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez en un clima de total incertidumbre sobre la transición del país.
2. Actores relevantes y posibles escenarios en la crisis
El rol de Estados Unidos: objetivos, narrativas y presión desplegada
Estados Unidos pasó de una estrategia de máxima presión económica y diplomática (2019–2023) a una intervención militar directa en territorio venezolano a finales de 2025, marcando un giro sustantivo en su política hacia el país. Bajo la presidencia de Donald Trump, Washington ha articulado una estrategia que combina retórica sobre democracia y derechos humanos con objetivos geopolíticos explícitos: desmantelar un régimen aliado de adversarios estratégicos, frenar el narcotráfico asociado al chavismo y asegurar el acceso a las mayores reservas petroleras del mundo bajo un gobierno alineado.
Así mismo, en su corolario a la Doctrina Monroe y sus constantes referencias al gobierno de Ronald Reagan, Donald Trump ha asegurado que recuperará si es necesario con intervención militar la posición predominante de los Estados Unidos sobre el hemisferio occidental (2).
En la práctica, esta visión implica una tutela temporal sobre Venezuela, evocando precedentes históricos de intervenciones estadounidenses en la región. Trump ha sostenido que no descarta el despliegue de tropas en tierra y que la operación no representará un costo para EE. UU., al financiarse con recursos petroleros venezolanos y con la participación de empresas estadounidenses en la reconstrucción del sector energético.
La narrativa oficial ha enfatizado el combate al narcotráfico como justificación legal y política del uso de la fuerza, enmarcando la situación como un conflicto armado contra cárteles vinculados al régimen. Esta lógica habilitó operaciones navales, ataques selectivos y acciones encubiertas que culminaron en el ataque relámpago del 3 de enero de 2026, orientado a neutralizar capacidades militares clave y capturar a Nicolás Maduro, sin una ocupación territorial amplia.
Sin embargo, lejos de provocar un colapso total del aparato estatal, la operación dejó intactos a sectores relevantes del chavismo, lo que llevó a Washington a combinar la coerción militar con canales diplomáticos directos hacia actores internos del régimen, desplazando a la oposición tradicional como interlocutora central. Este enfoque refleja un pragmatismo crudo: para EE. UU., la prioridad es garantizar estabilidad y alineamiento estratégico, incluso si la transición incorpora elementos del chavismo. No obstante, esta apuesta abre interrogantes profundos sobre la legalidad, sostenibilidad y costos regionales de la intervención, en un contexto latinoamericano marcado por memorias de intervenciones pasadas, democracias frágiles y riesgos de escalamiento que podrían desbordar el caso venezolano.
La oposición política venezolana.
La oposición venezolana atraviesa un momento de alta fragmentación y debilidad estructural, con liderazgos concentrados en figuras individuales y escasa capacidad de incidencia territorial. Aunque María Corina Machado ha logrado una importante visibilidad internacional —incluido el Premio Nobel de Paz—, su impacto es fundamentalmente simbólico y se concentra en la diáspora, con efectos limitados en la política interna. Leopoldo López, en el exilio desde 2020, mantiene una proyección casi exclusivamente externa y promueve la intervención militar extranjera, mientras que Henrique Capriles representa el sector más moderado, partidario de una salida negociada y con alguna presencia institucional, aunque aislado del resto de la oposición. Desde Washington predomina una desconfianza hacia la oposición tradicional, considerada poco influyente sobre el terreno, lo que se evidenció tras la captura de Nicolás Maduro, cuando Estados Unidos optó por dialogar directamente con actores internos del chavismo, desplazando a la oposición como interlocutora central. A nivel interno, la oposición se encuentra fuertemente diezmada por la represión, con centenares de presos políticos y un perfil bajo desde 2025, concentrando sus esfuerzos en la movilización internacional. En este contexto ha surgido Comunes, una corriente de izquierda democrática que busca construir una tercera vía desde el acompañamiento de luchas sociales y de derechos humanos, con legitimidad ética y anclaje comunitario, pero con baja capacidad de incidencia estructural. En conjunto, la oposición enfrenta el reto de mantenerse relevante sin control territorial, sin respaldo militar y con márgenes muy limitados de acción interna.
El oficialismo chavista
Tras la captura de Nicolás Maduro, el bloque oficialista chavista ha buscado proyectar unidad, continuidad institucional y control, reconfigurando el poder en torno a un núcleo duro de leales históricos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de facto la conducción política desde Caracas, acompañada por Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Jorge Rodríguez, en una imagen cuidadosamente difundida para desmentir rumores de fuga, fractura interna o vacío de poder, y para reafirmar que la cadena de mando del Estado continúa operativa. Aunque públicamente mantiene la narrativa de lealtad a Maduro como presidente legítimo, Delcy ejerce funciones ejecutivas interinas en un escenario constitucional deliberadamente ambiguo, sin proclamar formalmente una transición, pero concentrando la autoridad política en medio de la crisis.
La estrategia del oficialismo combina una retórica de resistencia y excepcionalidad con la activación de un doble canal de acción. Hacia afuera, tanto Delcy Rodríguez como Diosdado Cabello han denunciado la operación estadounidense como una violación flagrante del derecho internacional, apelando a la figura de la agresión externa para justificar la activación de un estado de conmoción, la suspensión de garantías, la movilización de recursos de defensa y el cierre progresivo del espacio cívico y político. Cabello, en particular, encarna el ala más dura del régimen y ha reforzado un discurso de resistencia prolongada, apelando al nacionalismo antiestadounidense como mecanismo de cohesión interna, orientado tanto a sostener a las bases chavistas como a disuadir eventuales deserciones dentro del aparato estatal.
En paralelo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha reiterado públicamente la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la vigencia de la doctrina de la “unión cívico militar”, consolidando a las Fuerzas Armadas como pilar político, económico y coercitivo del régimen. Bajo su liderazgo, la FANB mantiene amplios incentivos materiales y control efectivo sobre sectores estratégicos del Estado, reforzando su papel como garante de la continuidad del orden chavista en un contexto de alta incertidumbre.
Al mismo tiempo —y aquí reside una de las claves centrales del momento— el oficialismo ha abierto canales discretos de diálogo con Washington, lo que revela un cálculo pragmático orientado menos a la confrontación total que a la negociación de su propia supervivencia política. Estados Unidos parece inclinarse por una transición interna pactada con sectores del chavismo, bajo el supuesto de que esta es la única vía viable para evitar un colapso violento del Estado venezolano. Este giro ha posicionado a Delcy Rodríguez como interlocutora privilegiada y ha desplazado, al menos temporalmente, a la oposición tradicional del centro de la escena política.
Para el chavismo, este escenario abre la posibilidad de preservar cuotas de poder, garantizar algún tipo de protección judicial y evitar un desmantelamiento completo del aparato estatal construido durante más de dos décadas. No obstante, la operación militar estadounidense —ejecutada con escasa resistencia militar efectiva en el terreno— ha alimentado sospechas de fracturas soterradas dentro del régimen, incluyendo posibles filtraciones o quiebres de lealtad en los círculos más cercanos a Maduro.
En síntesis, el bloque chavista enfrenta la crisis mediante una estrategia dual: resistir hacia adentro para evitar el colapso inmediato del orden político y mantener cohesionadas sus bases, y negociar hacia afuera para asegurar una transición controlada que no implique su exclusión total del futuro político de Venezuela. Se trata de una lógica defensiva y pragmática, orientada a ganar tiempo, preservar capacidad de negociación y reducir los costos de una derrota que, aunque abrupta en su forma, aún no ha sido plenamente resuelta en sus consecuencias.
Los militares: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha sido históricamente el árbitro último del poder en Venezuela y vuelve a ocupar un lugar determinante en la actual coyuntura. Durante el régimen de Nicolás Maduro, la cúpula militar —bajo el liderazgo de Vladimir Padrino López— se mantuvo cohesionada a cambio de amplios privilegios económicos y políticos, convirtiéndose en corresponsable del modelo chavista. La militarización del Estado, el control de empresas estratégicas, la expansión de la oficialidad y un aparato de contrainteligencia fortalecido con apoyo cubano permitieron neutralizar intentos de fractura, pese al colapso económico y la impopularidad del gobierno. Hasta 2025, la disciplina se sostuvo mediante purgas internas, encarcelamientos y una narrativa de supervivencia corporativa frente a un eventual cambio de régimen.
Tras la captura de Maduro, la FANB ha reaccionado formalmente con alineamiento institucional con el liderazgo chavista remanente y con un discurso de resistencia frente a la intervención extranjera. El alto mando activó planes de defensa nacional, respaldó el estado de conmoción externa y reforzó la presencia militar en puntos sensibles, buscando preservar el orden interno y evitar desbandes. No obstante, la ausencia de resistencia significativa durante la operación estadounidense ha sembrado dudas sobre la solidez real de la cohesión militar y ha alimentado sospechas de fracturas encubiertas, incluyendo posibles colaboraciones internas que facilitaron la captura de Maduro. Esto sugiere que, aunque la cúpula mantiene unidad discursiva, existen tensiones latentes entre sectores que buscan negociar su supervivencia y otros que podrían optar por una resistencia más radical.
El principal dilema de la FANB gira hoy en torno a su supervivencia institucional. La mayoría de los oficiales tiene fuertes incentivos para evitar un colapso del régimen que derive en persecuciones judiciales, pérdida de privilegios o purgas internas, lo que los empuja a respaldar una transición pactada que incluya garantías, amnistías y preservación parcial de su poder. Sin embargo, no puede descartarse el riesgo de fracturas en la cúpula o de alianzas de sectores radicalizados con colectivos armados u otros actores irregulares si perciben que una negociación los deja por fuera, lo que incluye las relaciones con actores armados colombianos como el ELN o las disidencias de las FARC, entre otros. En síntesis, la FANB sigue siendo el actor interno más poderoso y decisivo: su comportamiento —cooperación, neutralidad o resistencia— será clave para definir si Venezuela transita hacia una salida negociada o hacia un escenario de violencia prolongada.
Los empresarios y los intereses económicos: actores silenciosos pero decisivos
Los actores empresariales y económicos no han sido el motor directo de la crisis venezolana ni de la intervención estadounidense, pero constituyen un factor estructural clave para definir la viabilidad, el ritmo y la orientación de cualquier escenario de estabilización o transición. Su peso reside en la capacidad de activar —o bloquear— procesos de reconstrucción, normalización económica y reinserción internacional, y en la actual disputa geopolítica también tienen altísima capacidad de mover poblaciones a través de los algoritmos de redes sociales.
En el plano internacional, destacan las empresas energéticas, financieras y de infraestructura de Estados Unidos, junto con un ecosistema de contractors y firmas de servicios especializados. Aunque Venezuela concentra entre el 17 y el 18 % de las reservas probadas de petróleo del mundo, su aporte real a la producción global es hoy marginal (1–1,5 %).
El petróleo aparece como beneficio para los norteamericanos, lo que es utilizado por el gobierno de los Estados Unidos de cara a sus electores que difícilmente apoyan gasto público norteamericano fuera de sus fronteras. Así mismo se vende como una palanca de estabilización que Washington podría utilizar para financiar la reconstrucción, reducir costos políticos domésticos y ofrecer incentivos a actores internos.
Chevron es la principal —y prácticamente única— empresa petrolera occidental con operaciones relevantes en Venezuela. Produce cerca de una cuarta parte del petróleo del país y exporta aproximadamente la mitad de ese volumen a Estados Unidos. Tras la operación militar y la detención de Maduro, Chevron priorizó la seguridad de su personal y operaciones, y emitió comunicados cuidadosamente matizados, reflejando la sensibilidad política del momento. No obstante reducir la participación militar sobre el petróleo será uno de los principales retos de la transición.
Un segundo bloque lo conforman las élites económicas venezolanas, tanto las que permanecieron en el país como aquellas que operan desde el exilio. Este sector es heterogéneo y carece de una posición política unificada, pero comparte intereses comunes: recuperación de activos, acceso a mercados y divisas, protección jurídica y capacidad de reinsertarse en el nuevo orden sin enfrentar represalias generalizadas. Muchas de estas élites han demostrado una notable capacidad de adaptación a distintos regímenes, privilegiando la supervivencia económica sobre la coherencia ideológica. En un escenario de transición pactada, tenderán a apoyar procesos de reinstitucionalización gradual, aportando capital, conocimiento local y redes comerciales. En escenarios de alta incertidumbre o violencia, su comportamiento será defensivo: salida de capitales, espera desde el exterior o participación oportunista en esquemas rentistas y de captura del Estado, lo que debilita la gobernanza y reproduce desigualdades.
Un tercer nivel lo constituyen los empresarios regionales y transfronterizos —particularmente de Colombia, el Caribe y Brasil— cuyos intereses están directamente ligados a la reapertura comercial, la estabilización de la frontera y la gestión de los flujos migratorios. Para este sector, Venezuela representa tanto un riesgo como una oportunidad: riesgo si la crisis deriva en violencia prolongada, economías ilegales y nuevas olas migratorias; oportunidad si se activa un proceso de reconstrucción que dinamice comercio, logística, energía y servicios. Su disposición a invertir y participar dependerá en gran medida de la postura de los gobiernos vecinos y de señales claras de seguridad jurídica y control sobre actores armados irregulares. En ausencia de un Estado funcional, parte de este empresariado podría verse empujado hacia esquemas informales o “grises”, reforzando dinámicas de captura criminal de la economía.
En conjunto, los actores económicos operan como aceleradores o frenos de los distintos escenarios políticos. Una transición pactada con reglas mínimas claras puede atraer inversión temprana, facilitar la reconstrucción y reducir incentivos para la violencia. Por el contrario, la exclusión de estos actores, la indefinición regulatoria o la prolongación del conflicto empujan a comportamientos de espera, extracción oportunista o retiro de capitales, agravando la fragmentación estatal. En este sentido, los empresarios no definen el rumbo político de Venezuela, pero sí condicionan de manera decisiva si ese rumbo es sostenible o deriva en un ciclo prolongado de inestabilidad y captura de rentas.
Grupos armados irregulares en Venezuela: ELN, disidencias de las FARC, “sindicatos” y mafias criminales
El prolongado debilitamiento institucional del Estado venezolano permitió la proliferación de actores armados no estatales que hoy controlan porciones significativas del territorio y desempeñan un papel central en las economías ilícitas. Entre ellos destacan la guerrilla colombiana del ELN, facciones disidentes de las FARC, los colectivos chavistas, bandas criminales locales —incluidos los sindicatos mineros— y organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua. Estos actores han operado históricamente en una relación funcional con el régimen: a cambio de tolerancia o protección, garantizaron control territorial, ingresos ilegales y contención de amenazas en zonas donde el Estado era débil o inexistente, especialmente en el Arco Minero del Orinoco y en las regiones fronterizas con Colombia.
En la coyuntura actual, estos grupos constituyen uno de los principales factores de incertidumbre y riesgo de escalamiento. Ante un eventual vacío de poder o una transición inestable, podrían aprovechar el caos para expandir su control, o bien convertirse en fuerzas activas de desestabilización frente a una intervención extranjera o un gobierno transitorio. El ELN, con presencia binacional y afinidad ideológica con el régimen, podría asumir un rol insurgente contra fuerzas externas o autoridades emergentes, mientras que disidencias de las FARC mantienen capacidad de fuego y control de algunos corredores estratégicos en la frontera. En paralelo, los colectivos y milicias urbanas podrían alimentar una guerra irregular en centros poblados, y las bandas criminales del sur —orientadas al lucro más que a la política— tenderían a adaptarse pragmáticamente, pactando o resistiendo según se vean amenazadas sus rentas ilegales.
En el caso de la frontera con Colombia, el ELN particularmente podría acceder a mayor apoyo internacional por canales irregulares (financiero, en armamento, capacidades o tecnología) al convertirse en un actor geopolítico relevante. En guerras irregulares o en lo que se conoce como operaciones de “cambio de régimen” es común que se presente fortalecimiento del control armado de las estructuras armadas preexistentes. Sin una autoridad legítima y rápidamente estabilizada en Caracas, estos actores podrían transformarse en señores de la guerra locales o en instrumentos de resistencia indirecta. En suma, la gestión de los actores armados irregulares será decisiva para cualquier salida duradera en Venezuela y tiene implicaciones directas para la seguridad regional, en particular para Colombia y el Caribe, en términos de violencia transfronteriza, narcotráfico y flujos migratorios.
Actores internacionales clave: Rusia, Cuba, China, países del Caribe y sus alineamientos
Una de las características de la crisis venezolana son los alineamientos de distintos actores internacionales. Rusia ha sido, durante la última década, el principal sostén internacional del régimen venezolano. Moscú utilizó a Venezuela como plataforma para proyectar influencia en América Latina, contrarrestar a EE. UU. y asegurar intereses energéticos, ofreciendo apoyo financiero, militar e inteligencia. Tras la operación estadounidense, Rusia condenó con dureza la intervención, la calificó como una violación del principio de no injerencia y llevó el tema al Consejo de Seguridad de la ONU, donde previsiblemente bloqueará cualquier intento de legitimación internacional. Sin embargo, su capacidad de incidencia material es limitada: inmersa en la guerra de Ucrania, Rusia difícilmente intervendrá militarmente en defensa del chavismo más allá de respaldo diplomático, propaganda y asistencia encubierta puntual.
Por otra parte, Cuba es el aliado más orgánico del chavismo. La relación estructural —basada en cooperación energética, sanitaria y de inteligencia— hace que la caída de Maduro represente para La Habana una amenaza estratégica y económica directa. Esto, sumado a las declaraciones de Marco Rubio pone el foco en una intervención adicional de los Estados Unidos para lograr controlar la totalidad del Caribe, por lo cual se concentraría en Nicaragua y en Cuba. Este último reaccionó con una condena frontal, calificando la operación como “terrorismo de Estado”, y ha activado su red diplomática para aislar a EE. UU. en foros internacionales. Aunque su margen de acción material es reducido frente al poder militar estadounidense, Cuba buscará preservar al máximo la influencia chavista residual en Caracas, pues la pérdida definitiva de Venezuela agravaría severamente su ya crítica crisis energética.
Por su parte y coherente con su estrategia diplomática en la región, China adopta una posición más cauta y pragmática. Su interés central es económico: garantizar el cobro de una deuda superior a los 60.000 millones de dólares y proteger inversiones en petróleo, minería e infraestructura. Beijing ha condenado la intervención por violar la soberanía y apoya el principio de no injerencia, alineándose retóricamente con Rusia y Cuba. No obstante, a diferencia de Moscú o La Habana, China carece de un compromiso ideológico profundo con el chavismo y podría adaptarse a un cambio de poder si sus intereses son respetados. Su apoyo probablemente no pasará de ser diplomático y táctico, aunque es un precedente que puede significar – por ejemplo – una mayor preocupación del gobierno chino por una potencial intervención en Taiwán.
En América Latina, las reacciones reflejan una fractura ideológica y política. Gobiernos de izquierda o centroizquierda —como México, Brasil, Bolivia y Colombia— han condenado la intervención por considerarla una violación grave del derecho internacional, aun cuando muchos de ellos habían sido críticos del autoritarismo de Maduro. Brasil, bajo Lula da Silva, reforzó la vigilancia en su frontera amazónica y pidió una mediación multilateral. En contraste, gobiernos de derecha o centroderecha —como Argentina bajo Javier Milei— celebraron la caída de Maduro y se alinearon con Washington. Otros países, como Chile y Perú, expresaron rechazo a la intervención sin defender al chavismo, evidenciando una posición intermedia incómoda en un momento de alta crispación y polarización de la región.
Los países del Caribe, agrupados en CARICOM, constituyen un actor particularmente sensible. Históricamente beneficiados por Petrocaribe, hoy temen sobre todo las consecuencias humanitarias y migratorias de una escalada prolongada. Han expresado grave preocupación por la estabilidad regional, solicitado información constante y reiterando su vocación de neutralidad y “zona de paz”. Destaca el caso de Guyana, que mantiene una disputa territorial abierta con Venezuela por el Esequibo: aunque adversaria de Maduro, rechaza una intervención militar que pueda agravar tensiones fronterizas. Trinidad y Tobago y otras islas han subrayado que no participan en ninguna acción militar y apuestan por soluciones negociadas.
El gobierno colombiano
Colombia ocupa una posición singular en la crisis venezolana: es el país más directamente afectado por cualquier desenlace —en términos de seguridad, migración, economías ilegales y estabilidad territorial— y, al mismo tiempo, uno de los más constreñidos en su margen de acción. El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una tensión estructural entre sus principios políticos declarados, sus intereses nacionales inmediatos y las realidades geopolíticas impuestas por la intervención estadounidense.
Desde el punto de vista discursivo y diplomático, el gobierno colombiano ha condenado con claridad la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, enmarcándola como una violación de la soberanía y del derecho internacional. Esta postura es consistente con la tradición diplomática colombiana de no intervención y con la narrativa del propio Petro, quien ha defendido históricamente soluciones negociadas y ha sido crítico tanto del chavismo autoritario como del intervencionismo externo. En ese sentido, Colombia se ha alineado retóricamente con gobiernos como Brasil y México, reforzando un eje latinoamericano que busca contener la normalización del uso de la fuerza como herramienta de cambio político en la región.
Sin embargo, esta posición normativa convive con una realidad estratégica incómoda. Venezuela es hoy el principal factor externo de inestabilidad para Colombia. Durante años, el territorio venezolano funcionó como retaguardia estratégica para el ELN, disidencias de las FARC, redes de narcotráfico y contrabando, afectando directamente la seguridad colombiana. En términos estrictamente funcionales, la captura de Maduro y el posible reordenamiento del poder en Caracas abren —al menos en teoría— una ventana para reducir esa externalización del conflicto armado colombiano, aunque con un mal manejo de la crisis también puede significar el fortalecimiento de los armados colombianos en frontera. La posición del gobierno también se enfrenta a las constantes declaraciones públicas a las que el propio presidente Petro responde con facilidad en redes sociales.
El dilema se expresa con particular claridad en el frente del ELN. Petro apostó su política de “paz total” a una negociación con esta guerrilla, cuya cúpula se refugió durante años en Venezuela con tolerancia del chavismo. Una transición venezolana que rompa —o debilite— ese santuario altera radicalmente el equilibrio de la negociación. Para Colombia, esto puede traducirse en dos escenarios opuestos: o bien una oportunidad para presionar al ELN hacia una salida negociada sin retaguardia segura, o bien un incentivo para que el grupo se radicalice, disperse y aumente la violencia en territorio colombiano ante la pérdida de protección. En ambos casos, el costo recae directamente sobre Colombia. Las declaraciones del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, después del Puesto de Mando Unificado del 3 de enero de 2026 parecen inclinarse por un escenario de negociación con Washington.
En el plano operativo, el gobierno colombiano ha reaccionado con prudencia defensiva. El despliegue de tropas en la frontera responde menos a una lógica de confrontación y más a la contención de efectos colaterales: flujos migratorios desordenados, tránsito de actores armados, economías ilegales en movimiento. Colombia sabe que cualquier vacío de poder en Venezuela tiende a desbordarse hacia su territorio, especialmente en regiones ya frágiles como Arauca, Catatumbo, Norte de Santander, Guajira y Vichada. La prioridad inmediata del Estado colombiano debe ser evitar que la crisis venezolana se traduzca en una nueva escalada interna.
A nivel político interno, la postura del gobierno Petro también tiene costos. La oposición colombiana —especialmente sectores de derecha— ha leído la caída de Maduro como una confirmación de que el chavismo era un régimen criminal y ha criticado a Petro por su cercanía diplomática previa con Caracas. Al mismo tiempo, sectores de la izquierda colombiana y movimientos sociales ven con alarma la intervención estadounidense y presionan al gobierno para adoptar una postura aún más firme contra Washington. Petro queda así atrapado entre dos frentes: uno que le reprocha haber legitimado al chavismo, y otro que le exige mayor confrontación antiimperialista.
En términos regionales, Colombia pierde centralidad como mediador. Durante 2022–2024, Bogotá intentó posicionarse como puente entre el chavismo y la comunidad internacional, apostando por la normalización diplomática y la reapertura de fronteras. La intervención estadounidense desactiva en gran medida ese rol: las decisiones clave ya no pasan por la diplomacia regional sino por el cálculo estratégico de Washington. Colombia queda relegada a un papel reactivo, gestionando consecuencias más que influyendo en el curso de los acontecimientos.
En síntesis, el gobierno colombiano actúa desde una posición estructuralmente débil pero estratégicamente expuesta dado que no controla los factores decisivos de la crisis venezolana, pero absorbe buena parte de sus efectos. En pleno año electoral, esta disyuntiva también crea tentaciones de escalamiento de la confrontación con Washington mientras castiga los esfuerzos diplomáticos.
3.- Análisis de escenarios. Trayectorias posibles de la crisis venezolana y efectos para Colombia y comportamiento de los actores relevantes
A partir del mapeo de actores, intereses y capacidades, la coyuntura venezolana puede evolucionar hacia cuatro escenarios principales. Estos no son excluyentes en el tiempo —pueden mutar o superponerse—, pero permiten ordenar las trayectorias plausibles del conflicto, así como anticipar sus impactos políticos, militares y económicos, en particular para Colombia como país vecino y directamente expuesto
Escenario 1. Negociación con el oficialismo en su mejor mano: continuidad administrada
En este escenario, el bloque oficialista remanente logra convertir la captura de Nicolás Maduro en un shock controlado y negocia desde una posición de fuerza relativa. Delcy Rodríguez que ya actúa como figura bisagra en su rol de vicepresidenta, sostiene un discurso soberanista hacia el interior mientras abre canales operativos con Estados Unidos para evitar una escalada militar adicional. Diosdado Cabello es contenido o incorporado mediante garantías suficientes para preservar redes políticas y de seguridad, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), bajo el liderazgo de Vladimir Padrino López, se disciplina alrededor de una salida que preserve su integridad institucional y evite purgas.
En este escenario el gobierno de los Estados Unidos accede a la no realización de elecciones en el corto plazo y sacrifica a la oposición venezolana a cambio de concesiones económicas a las FANB. Puede exigir como parte de la transición estados de excepción o sólo garantías corporativas. La transición no sería política sino administrada desde el aparato estatal existente. La oposición política queda relegada a un rol simbólico y de presión moral, con capacidad limitada de incidencia directa en el diseño inicial del nuevo orden.
Este escenario ofrece una estabilidad relativa en el corto plazo. Permite acuerdos puntuales de gestión fronteriza y contención migratoria, pero con un alto riesgo de tercerización de la seguridad y de continuidad de economías ilegales. El ELN y otras redes criminales tenderían a reacomodarse más que a desaparecer. La migración se estabiliza, sin retornos masivos inmediatos. Colombia enfrenta el dilema de coordinar pragmáticamente con quien controle Caracas, aun a costa de tensiones diplomáticas y críticas internas.
En este escenario la mejor carta para Colombia sería mantener una fuerte relación diplomática con las partes buscando mayor cooperación en materia de seguridad y concentrando esfuerzos en atender vehementemente las fronteras con apoyo norteamericano y venezolano para paliar posibles crisis humanitarias. No obstante, en el mediano y largo plazo y en eventuales cambios de gobierno puede significar sacrificar nuevamente relaciones diplomáticas, menor control de contrabando y trochas y una presión humanitaria fuerte en cualquier escalamiento posterior. Tampoco es probable que Colombia participe activamente en escenarios de reconstrucción.
¿Qué tan probable es este escenario?
Este escenario es plausible y verosímil en el corto plazo, con una probabilidad media que no debe subestimarse. Su factibilidad descansa en que el bloque oficialista remanente conserva aún capacidades estatales efectivas —control administrativo, resortes coercitivos clave y manejo de información estratégica— que le permiten transformar la captura de Nicolás Maduro en un shock gestionado, más que en un colapso. A diferencia de una caída abrupta del régimen, la ausencia de una ruptura militar visible y la continuidad operativa del aparato estatal crean las condiciones para que una transición administrada desde dentro sea presentada como la opción menos riesgosa para evitar una escalada violenta.
La probabilidad de este escenario aumenta porque los incentivos del alto mando militar convergen claramente hacia una salida pactada con incentivos para las FANB. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tiene interés en una confrontación abierta ni en una implosión institucional que derive en purgas, pérdida de privilegios o judicialización masiva. Un arreglo que preserve la integridad de la FANB, postergue definiciones electorales y mantenga un estado de excepción controlado resulta, desde su lógica corporativa, la alternativa óptima. Asimismo, para Washington —especialmente bajo una lógica de control hemisférico y reducción de riesgos— una transición interna que garantice orden, gobernabilidad mínima y cooperación en seguridad puede ser preferible a un vacío de poder o a una tutela prolongada de alto costo político. No obstante, esto tendría un alto costo interno para el gobierno de los Estados Unidos especialmente para las bases MAGA que pueden leerlo como una aceptación selectiva de Trump de regímenes antidemocráticos selectivos.
Hay señales tempranas que permitirían identificar con relativa claridad si este escenario empieza a consolidarse. La primera sería una suerte de normalización administrativa bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, sin que se anuncie formalmente una transición ni se ponga sobre la mesa un calendario electoral concreto. A esto se sumarían mensajes cuidadosamente alineados desde el alto mando militar, insistiendo en la necesidad de orden, estabilidad e institucionalidad, y desmarcándose tanto de salidas insurreccionales como de llamados a elecciones inmediatas. Otra señal clave sería la contención —o el progresivo silenciamiento— de Diosdado Cabello, ya sea a través de su incorporación controlada al nuevo equilibrio o mediante garantías implícitas que reduzcan su capacidad de veto. Finalmente, del lado estadounidense, habría que observar una postura más orientada a licencias, cooperación técnica y estabilización económica que a exigencias públicas inmediatas de democratización. Si estas señales comienzan a acumularse en las próximas semanas, este escenario dejaría de ser una hipótesis.
Escenario 2. Confrontación y radicalización del oficialismo: soberanismo duro
En este escenario, el bloque oficialista interpreta la captura de Nicolás Maduro no como una oportunidad de negociación, sino como una amenaza existencial al proyecto político y a la supervivencia de sus élites. Frente a ese diagnóstico, el oficialismo opta por cerrar filas y radicalizar su posición. Delcy Rodríguez abandona cualquier rol bisagra y se alinea plenamente con el ala dura del régimen; Diosdado Cabello recupera centralidad política y simbólica como garante de la resistencia; y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es activada como columna vertebral de un Estado en lógica de confrontación prolongada. La narrativa de agresión externa se convierte en el eje articulador del poder: se profundiza el discurso soberanista, se consolida el estado de excepción y se clausura casi por completo el espacio cívico, político y mediático.
En este marco, la coerción estatal se combina deliberadamente con dispositivos irregulares. Colectivos urbanos, milicias y redes armadas no estatales —incluyendo alianzas tácticas con el ELN, disidencias de las FARC y estructuras criminales con control territorial— pasan a cumplir un rol complementario en la defensa del régimen. El objetivo no es derrotar militarmente a Estados Unidos, sino elevar los costos de cualquier intervención adicional, territorializar el conflicto y disuadir una transición impuesta. La FANB mantiene una unidad formal, aunque crecientemente tensionada, basada menos en cohesión ideológica que en la lógica de supervivencia corporativa frente a la amenaza de colapso o judicialización. En paralelo, Rusia, Cuba e incluso sectores pragmáticos de China refuerzan su respaldo diplomático, contribuyendo a alargar el conflicto y a blindar internacionalmente la narrativa de soberanía vulnerada.
Para Estados Unidos, este escenario plantea un dilema estratégico de alto riesgo. Escalar militarmente implicaría costos regionales, políticos y humanitarios elevados, con el peligro de quedar atrapado en una dinámica de guerra irregular prolongada; contenerse, en cambio, permitiría al chavismo radicalizado consolidar una resistencia sostenida, deteriorando aún más la gobernabilidad y la estabilidad regional. El resultado es un escenario de conflicto de baja y media intensidad, con episodios de violencia intermitente, deterioro acelerado de las condiciones de vida y una economía cada vez más subordinada a lógicas de guerra, sanciones y economías ilícitas.
Este es el escenario más adverso para Colombia. La frontera colombo venezolana se convierte en un espacio de alta inestabilidad, con aumento de incidentes armados, desplazamientos forzados y una nueva presión migratoria sobre departamentos como Norte de Santander, Arauca, La Guajira y el sur del Cesar. El ELN podría alinearse activamente con la resistencia chavista o, alternativamente, aprovechar el caos para expandir su control territorial y fortalecer economías ilegales transfronterizas. Se incrementan los riesgos de violencia indirecta, extorsión, contrabando y reclutamiento forzado en zonas fronterizas. Colombia se ve obligada a reforzar la militarización de más de 2.200 kilómetros de frontera, elevando los costos fiscales, el desgaste de la Fuerza Pública y el riesgo permanente de escalamiento por errores de cálculo o provocaciones. En este escenario, la agenda bilateral colapsa y la capacidad de Colombia de incidir diplomáticamente se reduce drásticamente, quedando expuesta a una crisis regional prolongada sin mecanismos eficaces de contención. Así mismo un escalamiento lleva a mayor presión sobre las elecciones colombianas, lo que puede derivar en aumentos de la violencia política interna o en elecciones populistas que debiliten las instituciones del país y la separación de poderes.
¿Qué tan probable es este escenario?
Este escenario es posible pero menos probable que el Escenario 1, con una probabilidad baja-media. Su plausibilidad aumenta si el chavismo concluye que cualquier negociación equivale a rendición y que Washington no ofrece garantías creíbles de supervivencia para el núcleo duro. Si la cúpula percibe que la captura de Maduro es solo el primer acto de una operación de “decapitación” ampliada —y que el objetivo real es desmontar el régimen completo, con extradiciones, depuración militar y pérdida total de rentas—, la racionalidad dominante pasa de “preservar cuotas” a “elevar costos” y resistir. En ese marco, Cabello adquiere mayor relevancia y Padrino también, y ambos podrían esforzarse en evitar fracturas internas.
Su probabilidad también depende de la postura operativa de la FANB. Una confrontación abierta con Estados Unidos no es, en estricto sentido, una opción óptima para una institución que ha sido diseñada para sobrevivir, no para inmolarse. Por eso, para que este escenario se consolide se tiene que alterar el equilibro interno y la cúpula debe sentir que la salida negociada es una ruta hacia la judicialización y la humillación institucional, lo que no se ve tan consistente con los primeros llamados al orden por parte de la cúpula.
En ese punto, la FANB podría optar por una resistencia “institucional” (estado de excepción, control interno, represión) y tercerizar parte de la confrontación mediante colectivos, milicias y alianzas tácticas con actores armados no estatales, buscando que el costo lo pague la periferia coercitiva, incluyendo milicias y ELN y no el núcleo formal. Las señales tempranas de este escenario son relativamente nítidas. Primero, una escalada sostenida del lenguaje oficial: anuncios de “guerra” o “resistencia prolongada”, expansión del estado de excepción y medidas de cierre acelerado del espacio cívico (redadas, control de comunicaciones, nuevas detenciones selectivas). Segundo, mayor protagonismo público de Diosdado Cabello —no como acompañante sino como eje— y reaparición de símbolos de movilización de base (milicia, colectivos, retórica de “fusión” y llamados a la defensa popular). Tercero, movimientos visibles de militarización interna: despliegues en ciudades clave, control de vías, y señales de que la FANB prioriza orden interno sobre una salida política (comunicados alineados rechazando elecciones próximas y enmarcando toda oposición como “colaboracionismo”). Cuarto, del lado estadounidense, señales de endurecimiento: amenazas explícitas de “segunda oleada”, ampliación de objetivos, o condicionamientos públicos que hagan inviable un pacto (exigencias de entrega de jerarcas, depuración inmediata o control directo).
Escenario 3. Negociación intermedia y parcial: fractura funcional del régimen
En este escenario se consolida una división pragmática dentro del oficialismo: un sector tecnocrático-institucional del chavismo, junto con la cúpula militar, decide que la prioridad es la supervivencia de determinados sectores o bloques. La captura de Maduro acelera una reconfiguración interna que separa el sector del ala dura y el de la preservación a mediano y largo plazo del chavismo y el Partido Socialista Unido de Venezuela y sectores afines. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se convierte en el centro de la transición al ofrecer orden, contención y continuidad básica a cambio de garantías corporativas —amnistías, protección judicial, preservación de estructura y no depuración inmediata—. Delcy Rodríguez operaría como la cara visible del arreglo al sostener la continuidad condicionada.
El resultado de este escenario sería un gobierno provisional híbrido, tutelado por el gobierno de los Estados Unidos que mantendría una porción del aparato estatal y enviaría a parte de sus antiguos aliados a ser judicializados, mientras reordena el mando y abre una fase de negociación que podría incluir eventuales elecciones o salidas acompañadas del poder. También en este escenario la prioridad sería la estabilización económica y las negociaciones corporativas y menos la transición política o democrática (licencias, alivios selectivos, acuerdos técnicos en energía), combinado con un control de seguridad reforzado para evitar desbordes internos. El ala dura podría operar como foco de sabotaje o violencia residual a través de redes informales (colectivos, grupos armados locales, operadores corruptos).
Para Colombia es uno de los escenarios más manejable desde una perspectiva operativa, pero no necesariamente el más cómodo en términos políticos. Abre ventanas de cooperación realista en seguridad, control fronterizo y lucha contra economías ilícitas, lo que puede presionar a actores armados colombianos a redefinir su retaguardia en Venezuela. Ese reacomodo suele traer “rebote”: más movimiento de estructuras hacia Colombia, más disputa por corredores, y una fase de ajuste violento en zonas como Arauca, Catatumbo y La Guajira. En paralelo, se podrían reactivar flujos económicos y recuperar control sobre el contrabando de distintos productos. No obstante, el riesgo es que la transición se convierta en impunidad administrada (lo que deja intactas redes criminales y corrupción transfronteriza), y que la contención del ala dura produzca picos de violencia irregular que impacten directamente la frontera y haya fortalecimiento de actores armados ilegales a ambos lados de la frontera.
¿Qué tan probable es este escenario?
Este escenario tiene una probabilidad media-alta, y en varios sentidos compite directamente con el Escenario 1. La literatura académica en la materia soporta esta suposición dado que en gran cantidad de casos cuando un régimen autoritario enfrenta un shock externo las élites tienden a fragmentarse para poder negociar por aparte y sobrevivir. Por otra parte, para Washington, una transición intermedia con control militar-institucional puede ser funcional: reduce la necesidad de ocupación o tutela explícita, habilita estabilización económica (incluido el sector energético que es fundamental para Trump) y permite cooperación en seguridad sin apostar todo a una oposición que no controla territorio. Para la FANB, el arreglo ofrece continuidad y evita el peor escenario para ellos que es una justicia punitiva con el apoyo de los Estados Unidos.
Las señales que permitirían leer este escenario con cierta anticipación serían la pérdida de centralidad del ala dura, cambios discretos en los mandos de seguridad, reacomodos políticos, entre otras. Desde Washington, el indicio sería un pragmatismo creciente: licencias, acuerdos técnicos, mensajes de transición ordenada y una disposición explícita a tratar con el chavismo institucional más que a exigir rupturas inmediatas. Incluso la posición de la Casa Blanca frente a la oposición venezolana o la realización de elecciones indicaría si se materializa o no este escenario. La legitimidad actual de Delcy Rodríguez indicaría que también este escenario es altamente probable.
Escenario 4. Transición con protagonismo de la oposición política: legitimidad más visible, estabilidad en disputa
En este escenario, Washington reconoce los riesgos de regir directamente la transición con participación del régimen actual, pero sin legitimidad democrática visible. Bajo esa lógica, Estados Unidos decide reconocer protagonismo a la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, y empuja la construcción de una autoridad transitoria manteniendo un cronograma electoral explícito y apertura internacional acelerada, con un escenario de apoyo directo político y financiero directo por parte de los Estados Unidos, inclinándose a favor de la opción más costosa, aunque con la arquitectura institucional más exigente.
Este escenario requeriría tres cosas que rara vez aparecen juntas en transiciones de alta coerción: control efectivo de la seguridad, capacidad inmediata de administración y una negociación quirúrgica con segmentos del Estado que siguen siendo chavistas por estructura, por intereses o por miedo, lo que implica pactar con la FANB, asegurar una fuerza externa de estabilización o las dos. También implica negociar un esquema de garantías o amnistías selectivas. La fuerza de estabilización requeriría ante eventuales crispaciones de sectores oficialistas remanentes y actores que busquen ganar posiciones de facto en control territorial, control de crimen organizado, etc., reconstruir un aparato militar y de policía hoy fracturado y evitar disidencias armadas. Probablemente implique operaciones de fuerza que esta vez sí tendrían que pasar por la aprobación del Congreso de los Estados Unidos.
Para Colombia este escenario implica lidiar con la profundización de la acción militar y las posibles consecuencias del escalamiento en Venezuela mientras trata de construir ventanas de cooperación bilateral solo si la oposición consolida un control institucional mínimo. En este escenario Colombia podría negociar con Caracas acciones más eficaces contra el ELN o disidencias o presión sobre retaguardias, pero nuevamente dependería de la capacidad del nuevo gobierno venezolano lo que no es viable en el corto plazo.
De forma inmediata lo probable es un pico de violencia transicional (ajustes de cuentas, resistencias localizadas, disputas por corredores), junto con movimientos migratorios mixtos —retornos selectivos de quienes ven oportunidad, y nuevas salidas de quienes temen represalias o desorden—. Para Colombia, el riesgo operativo se concentra en Norte de Santander, Arauca y La Guajira, donde cualquier vacío de control o reacomodo armado se traduce en extorsión, contrabando y presión humanitaria.
¿Qué tan probable es este escenario?
La probabilidad de este escenario es media baja, aunque depende de la capacidad de negociación de la diáspora política venezolana con Marco Rubio y el sector proclive a la intervención, aunque al parecer la popularidad del gobierno Trump depende de no hacer operaciones de ocupación y su espacio de acción jurídica es ya reducido.
Si Trump evalúa que gobernar Venezuela sin la oposición es un pantano reputacional y administrativo, y que el relato de la operación necesita un desenlace electoral rápido para ser vendible domésticamente, el incentivo a poner a la oposición al frente aumenta. El problema es que este escenario exige una coordinación que, por definición, es compleja: el chavismo no desaparece, los militares no se disuelven, y las economías ilegales no hacen pausa para facilitar transiciones. Por eso, salvo que Washington esté dispuesto a invertir recursos políticos y de seguridad durante un período sostenido —y no solo a “decapitar” liderazgo—, el riesgo de colapso operativo del experimento es alto. En términos simples es el escenario más vulnerable en el terreno.
Las señales tempranas de este escenario no se han dado en las primeras 24 horas. El reconocimiento formal y sostenido de Machado/ González como eje del arreglo o el anuncio de un cronograma electoral con hitos verificables no se dio. A eso se sumaría una aceleración en sanciones selectivas y licencias condicionadas a hitos democráticos (no a “estabilidad” abstracta), y la instalación de un equipo técnico de administración con respaldo internacional listo para sostener servicios críticos (energía, puertos, combustible, logística humanitaria). Si esas piezas no aparecen, este escenario tiende a degradarse rápido hacia un híbrido que es oposición visible, pero poder real negociado o ejercido de facto.
CONCLUSIONES Y OTROS IMPACTOS
La pregunta central que hoy queda en Venezuela es ¿hacia dónde apuntan realmente los incentivos, las capacidades y los miedos de los distintos actores en juego? Según el análisis de la coyuntura mientras se publicaba este informe, lo que se alcanza a ver con relativa claridad es que ninguno de estos factores está empujando ni hacia la restauración plena del chavismo ni hacia una transición democrática inmediata. Todo apunta más bien a una fractura funcional del régimen, administrada desde el propio Estado, garantizada por la Fuerza Armada y tolerada —cuando no avalada— por Estados Unidos, con una oposición desplazada en la fase inicial del proceso. No se trata de una salida virtuosa, sino de una salida posible. Esta pregunta es importante porque, a pesar de la captura y retención de Nicolás Maduro, el aparato estatal, las Fuerzas Armadas y las redes económicas del país siguen operativas, y porque la FANB no es un bloque compacto: tiene fisuras evidentes, cálculos individuales y una larga historia de supervivencia corporativa.
Además, también es importante leer que el régimen, lejos de ser monolítico, se construyó durante años a partir de negociaciones formales e informales entre élites que compiten por la distribución de rentas (petroleras, mineras, comerciales) más que por proyectos políticos coherentes. Es por ello por lo que cualquier escenario viable de transición política pasa por una negociación administrada que tomará tiempo y que dependerá de lo que Estados Unidos solicite para evitar otro escenario de confrontación armada agravada. La amenaza concreta de nuevas intervenciones militares, sumada a las primeras señales emitidas por Delcy Rodríguez (quien fue ratificada como presidente encargada del Estado caribeño en ausencia de Nicolás Maduro, bajo una interpretación vacua del artículo 233 de la Constitución bolivariana realizada por el Tribunal Supremo de Venezuela, para evitar convocar elecciones de manera anticipada) refuerza esta lógica de reacomodo controlado antes que de ruptura. Es claro que la oposición venezolana, como existe hoy en día, no es un actor con peso decisorio interno, a pesar de tener cierta legitimidad acorde con los resultados electorales del 28 de julio de 2024. Es así como tiene legitimidad moral y cierto respaldo internacional, pero no tiene ni el control territorial, ni el control del monopolio de la fuerza, ni control administrativo, así como tampoco tiene capacidad de tenerla a corto plazo. Es así como los escenarios donde la oposición accede a un proceso de transición dependen muchísimo de una tutela externa intensa, sostenida con una presencia militar extranjera permanente, políticamente costosa y operativamente frágil. Una salida democrática inmediata es, cuanto menos, una ilusión potencialmente peligrosa.
La contradicción que enfrenta ahora mismo Estados Unidos radica en presentar la operación tanto como una acción ligada a la lucha contra el narcotráfico, como el inicio de una reconfiguración política prolongada del continente y la región latinoamericana, por lo que surgen dos trayectorias altamente incompatibles entre sí. La primera (que es, la que la coyuntura mostraría que es la más probable), radica en los escenarios 1 y 3 de este informe, en el que el gobierno estadounidense pacta con el oficialismo de Nicolás Maduro para garantizar estabilidad, control de los recursos energéticos y cierto tipo de cooperación, proyectando la transición política hacia un plazo más largo y marginando a la oposición. La segunda, que seguiría la lógica de la confrontación directa, buscaría instalar a la oposición al frente de un proceso de transición electoral, asumiendo los elevados costos de la estabilización, el riesgo de un proceso de violencia transicional y una presencia militar sostenida.
Varios analistas coinciden en que lo ocurrido marca un punto de inflexión en la estrategia estadounidense en el hemisferio: menos poder suave, menos ambigüedad normativa, y una diplomacia más cruda, orientada a recuperar control real frente al avance de China en lo económico y de Rusia e Irán en sectores estratégicos como la energía. En América Latina, esto puede traducirse en una mayor disposición de Washington a intervenir (directa o indirectamente) en procesos políticos internos, no solo mediante presión diplomática, sino combinando apoyo corporativo, tecnológico, financiero y logístico a actores considerados afines, junto con el uso explícito de la amenaza. El encuadre de la “guerra contra el crimen organizado”, y la tendencia a declarar organizaciones criminales como terroristas, encajan con esta lógica y refuerzan la hipótesis de un endurecimiento estructural de la política regional de Estados Unidos. Es por ello por lo que el gobierno de Donald Trump tendrá que elegir entre estas trayectorias en un plazo muy corto de tiempo, por lo que la tendencia la demarcará si Washington abre nuevas licencias económicas, privilegia a ciertos interlocutores sobre otros o presenta un plan de transición viable, para observar qué escenario se puede consolidar.
Por el lado de los riesgos para Colombia, el problema no es únicamente Venezuela, sino el entorno estratégico que se está reconfigurando. Una fractura funcional en Caracas puede abrir espacios de cooperación pragmática en frontera, migración y seguridad, pero también puede consolidar equilibrios inestables donde persisten economías ilegales, se terceriza la coerción y los actores armados binacionales se reacomodan en lugar de desaparecer. El país debe prepararse para una fase de alta inestabilidad fronteriza en todos los escenarios, en especial frente a tres vectores críticos: (1) el reposicionamiento del ELN en sus zonas de retaguardia en los Estados fronterizos con Colombia; (2) los potenciales flujos migratorios súbitos que puedan surgir en las próximas semanas; y (3) el reacomodo en la frontera de las rutas y ciclos de las economías ilegales.
Por lo tanto, el mayor riesgo para Colombia sería quedar atrapada entre una retórica de rechazo que rompe canales operativos y una cooperación silenciosa sin marco político que erosiona legitimidad interna. La tarea es incómoda, pero parte de sostener principios sin perder capacidad de maniobra. Es por ello por lo que, en ese contexto, Colombia debería reforzar decididamente sus capacidades diplomáticas en Washington, en Caracas y en la región, concentrar su discurso normativo en escenarios multilaterales como la OEA y Naciones Unidas y prepararse, sin dramatismo, pero sin ingenuidad, para escenarios más caóticos que exijan combinar músculo político, capacidad militar e inteligencia estratégica. Construir un eje de coordinación con Brasil y México no solo es plausible, sino razonable, si el objetivo es evitar que la crisis venezolana termine redefiniendo, por la vía de los hechos, las reglas de juego de toda la región.
Aunque ya la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, en alocución frente al Puesto de Mando Unificado en Cúcuta el pasado 3 de enero, señaló como medidas el acuartelamiento en primer grado, la movilización de 30.000 soldados a la frontera y la apertura de un proceso de preparación para la recepción de migrantes en alianza con las EPS y el Ministerio de Salud, queda por ver si esta militarización defensiva es suficiente y si, más allá de estas medidas, el gobierno de Gustavo Petro construye una estrategia integral de gobernanza territorial y cooperación diplomática activa que permita sortear estos escenarios de manera efectiva.
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(1) Los hechos centrales y las afirmaciones sustantivas se apoyan en Reuters, AP, CBS, El País, The Guardian, Bloomberg, France 24 y Al Jazeera, artículos que pueden ser consultados en la bibliografía del presente informe
(2) La doctrina Monroe es como se conoce al principio de la política exterior de Estados Unidos formulado en 1823, que establecía que América no debía ser objeto de nuevas intervenciones europeas. A lo largo del siglo XX, esta doctrina fue reinterpretada por Washington para justificar su influencia y, en algunos casos, intervenciones directas en América Latina. Durante la presidencia de Ronald Reagan (1981–1989), la Doctrina Monroe fue explícitamente reivindicada para legitimar la confrontación con gobiernos y movimientos considerados hostiles a los intereses estadounidenses en la región, especialmente en el marco de la Guerra Fría, reforzando su uso como fundamento político para acciones de seguridad e intervención. En el corolario actual del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump se utiliza para reeditar la guerra contra las drogas como la nueva amenaza que justifica intervenir militarmente países en América Latina.